Lorenzo Meyer
El juicio del votante en torno al papel del gobierno frente a los efectos económicos de la pandemia influirán en su voto
Dejó de existir el
Dr. Jorge Bustamante,
pero no su esfuerzo
en favor de los migrantes.
El proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se centra en la voluntad de modificar el régimen político formado a lo largo de todo un siglo —desde la adopción de la Constitución de 1917 a la victoria electoral de AMLO en 2018— pero sin echar mano de la violencia revolucionaria. La idea es mover el centro de gravedad del régimen hacia la izquierda vía votos. El del conjunto de sus adversarios es resistir ese cambio por todos los medios a su alcance salvo la violencia reaccionaria, por lo menos hasta ahora.
En la medida en que se aproxima la fecha de las elecciones de mediados del sexenio, el choque entre cambio y resistencia hace que la atmósfera política se torne muy densa: marchas, amparos, desplegados, fake news, “mañaneras” combativas, auditorías, controversias legales, “juicios populares”, “memes” punzantes, insultos y lenguaje brutal. Toda la clase política y una parte de la opinión pública toman partido y posiciones de cara al choque que en junio tendrá lugar en las urnas.
Las elecciones intermedias se van a desarrollar en un ambiente de aparente contradicción en el sistema de partidos: por un lado, gran pluralismo —10 partidos nacionales y 60 registrados a nivel local— pero, a la vez, dicotomía, pues al final el elector tendrá que optar entre apoyar a la coalición encabezada por AMLO o al bloque que se opone radicalmente a su proyecto. El punto medio es, literalmente, tierra de nadie. Así pues, el juego es de suma cero pues de la composición de la Cámara baja y de los gobiernos locales en disputa depende que continúe o no el proceso de modificación del régimen.
Si el frente opositor llegase a lograr su objetivo, el resultado no sería el inicio del retorno al statu quo anterior —eso simplemente ya es imposible— sino el arranque de un esfuerzo de aliados coyunturales y sin liderazgo claro —la oposición tiene muchos dirigentes, pero hasta ahora ninguno sobresale— por restaurar y afianzar las prioridades de un pasado con poca legitimidad y cuyo logro más evidente fue consolidar una oligarquía que no tiene nada que envidiarle a la porfirista.
Si hasta ahora el choque entre los intereses creados a lo largo de un siglo y el esfuerzo por sentar las bases de un México socialmente distinto no ha resultado en violencia, eso no significa que la violencia esté ausente. En los últimos años, cada proceso electoral ha tenido al crimen organizado como un actor indeseado que busca afianzar o ganar espacios donde los necesita cotidianamente: en el nivel local. La prensa ya ha reportado 18 asesinatos relacionados con el proceso electoral en curso (EL UNIVERSAL, 22/03/21). El fenómeno no es nuevo y eso es justamente lo preocupante. Ha cambiado el grupo en el poder y la naturaleza del proyecto político nacional pero no el del crimen organizado. Quizá el Comando Norte de Estados Unidos exagera al afirmar que entre el 30% y el 35% del territorio mexicano está fuera del control efectivo del Estado y esto tiene efectos sobre el proceso electoral.
Finalmente, está lo que fue absolutamente inesperado: el SARS-CoV-2. La devastación causada por el virus es universal, pero la forma en que cada gobierno ha respondido a la emergencia y la forma en que la ciudadanía percibe y califica esa respuesta se reflejará en las urnas. El juicio del votante en torno al sistema de salud, a la lucha por las vacunas, a su aplicación o el papel del gobierno frente a los efectos económicos de la pandemia influirán en su voto.
En fin, hoy los contendientes están modificando el campo antes de la batalla, batalla donde se juega tanto el futuro inmediato como el que está por hacerse.